BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal condenó por primera vez a exagentes de seguridad por violencia sexual contra mujeres transgénero en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983) en Argentina.
Los tres jueces del tribunal federal de La Plata, suburbio al sur de la capital argentina, dictaron el martes penas que van de prisión perpetua a los 25 años de cárcel contra 11 acusados por homicidio, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, torturas, violencia sexual, sustracción, retención y ocultamiento de identidad de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, entre otros hechos.
El juicio llamado “Brigadas” arrancó en octubre de 2020 y juzgó los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y las brigadas de Lanús y San Justo, que funcionaron como epicentro del plan represivo ejecutado en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país sudamericano. Se estiman más de 600 víctimas.
Si bien ya se dictaron más de 300 sentencias por delitos de lesa humanidad a partir de la derogación de las leyes de amnistía y de los indultos que protegían a los miembros de las Fuerzas Armadas desde 2004, este fue el primer juicio que aceptó a mujeres transgéneros como damnificadas.
Ocho de ellas testificaron que sufrieron violaciones y torturas en el Pozo de Banfield durante el juicio “Brigadas”, en un hecho que profundiza el enfoque de la justicia sobre los delitos de violencia sexual como parte del plan represivo ejecutado por las Fuerzas Armadas. Hasta el momento apenas 17% de las sentencias incluyó este delito.
“Lo distinto de este juicio es que por primera vez en Argentina y en el mundo se condena delitos de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans en el contexto de terrorismo de Estado”, dijo a Associated Press la fiscal Ana Oberlín. “Fue un buen veredicto, estamos más que satisfechas”.
“Genocidas, genocidas”, gritaron los presentes en la sala del tribunal, entre ellos sobrevivientes y familiares de víctimas. Muchos sostenían fotos de los desaparecidos y otros carteles con la frase: “Son 30.000. Fue genocidio”.
Los expolicías y exmilitares, que en su mayoría cumplen otras condenas en prisión domiciliaria por superar los 70 años de edad o problemas de salud, siguieron la lectura de la sentencia vía remota.
Según organizaciones de derechos humanos, en Argentina fueron detenidas ilegalmente y desaparecieron sin dejar rastro unas 30.000 personas durante el régimen, uno de los más sangrientos entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Las cifras oficiales dan cuenta de unos 8.000 desaparecidos.
Aunque las mujeres transgénero —que en gran medida tenían que recurrir a la prostitución para ganarse la vida— sufrieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las cosas empeoraron para ellas durante la dictadura, que impulsó una concepción tradicional de la familia.
De los condenados, 10 recibieron prisión perpetua, entre ellos el ex médico de la policía Jorge Antonio Bergés, sentenciado por abuso sexual de mujeres transgénero y por asistir a los partos de mujeres detenidas cuyos hijos fueron luego entregados en adopción ilegal a otras familias e inscriptos con una identidad falsa.
En tanto que Jaime Lamont Smart, el único civil entre los juzgados, también recibió prisión perpetua por varios delitos, entre ellos abuso sexual contra la transgénero Julieta González, una de las sobrevivientes que testificó.
El represor Alberto Candioti recibió la pena más baja de 25 años de prisión, mientras Augusto Barre fue absuelto.
El tribunal ordenó pericias médicas para los condenados en prisión domiciliaria para verificar su estado de salud y si están en condiciones de cumplir las penas en una cárcel.
Por los crímenes cometidos en las cuatro prisiones clandestinas bonaerenses fueron procesados en total 18 exagentes de seguridad, de los cuales fallecieron seis. El más conocido fue Miguel Etchecolatz, el temible director de investigaciones de la policía provincial. Durante el régimen, coordinó más de una veintena de centros de tortura, en los que se registró la mayor cantidad de desaparecidos del país.
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El videoperiodista Víctor Caivano contribuyó con este reporte.
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