Un tribunal federal de apelaciones emitió la noche del martes una orden que impide nuevamente a Texas arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país. El fallo se produjo unas horas después de que la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la nueva ley migratoria.
La decisión del Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito llega unas semanas después de que un panel del mismo tribunal despejó el camino para que Texas aplicara la ley al suspender la orden de un juez de menor instancia.
Pero en una decisión de 2 a 1, la corte de apelaciones retiró dicha suspensión antes de que la corte escuche los argumentos el miércoles.
Las autoridades de Texas no habían anunciado ningún arresto en virtud de la nueva ley.
Antes el martes, gracias a un fallo dividido, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Texas implementar una ley que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes que sean sospechosos de haber entrado al país de forma ilegal en lo que se resuelve la batalla jurídica en torno a la medida.
La mayoría conservadora del tribunal rechazó una solicitud de emergencia que presentó el gobierno del presidente Joe Biden, que sostiene que la ley es una clara violación a la autoridad federal que provocará caos en las leyes migratorias.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió la orden — y la ley — que permite a cualquier agente policial de Texas detener a migrantes por entrada ilegal y faculta a los jueces para que ordenen su salida de Estados Unidos.
El máximo tribunal estadounidense no abordó la constitucionalidad de la ley. La medida regresó a la corte de apelaciones, que se pronunció más tarde.
Tampoco quedó claro a dónde podrían ir los migrantes que sean expulsados del país. La ley establece que deben ser enviados a los puertos de entrada ubicados en la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
Pero el gobierno de México dijo el martes que “bajo ninguna circunstancia” aceptará el retorno de ningún migrante a su territorio desde el estado de Texas. México no está obligado a aceptar la deportación de nadie excepto de ciudadanos mexicanos.
México también condenó que se permita la entrada en vigor de la ley de Texas, asegurando que criminaliza a los migrantes y conduce a la separación de familias, la discriminación y el encasillamiento racial. El gobierno indicó que presentará su postura ante la corte de apelaciones que recibirá el caso.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el gobierno federal seguirá recurriendo en los tribunales una ley que “complicará más” el trabajo de sus efectivos “ya desbordados”. La agencia no participará en la aplicación de la norma conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado (SB4 por sus iniciales en inglés).
La mayoría de la Corte Suprema no redactó una opinión detallada sobre el caso, tal como suele suceder en apelaciones de emergencia. Pero la decisión de permitir que la ley entre en vigor produjo disensos de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
“La corte da luz verde a una ley que alterará el equilibrio de poder que se ha mantenido durante mucho tiempo entre el gobierno federal y el estatal, y sembrará el caos”, escribió Sotomayor en una contundente opinión de la parte en disenso, a la que se unió Jackson.
Los detractores afirman que la SB4 es el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde que Arizona implementó hace más de 10 años una ley de la cual la Corte Suprema anuló algunas partes. Los críticos también indicaron que la medida de Texas podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles y a encasillamiento racial.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que la ley era “perjudicial e inconstitucional” y dijo que supondría una carga para las fuerzas policiales al tiempo que crearía confusión. Hizo un llamado a los legisladores republicanos para que resuelvan la cuestión con un proyecto de ley federal de seguridad fronteriza.
Texas, por su parte, ha argumentado que tiene derecho a tomar medidas ante lo que, según las autoridades, es una crisis actual en la frontera sur. El Departamento de Justicia Penal de Texas afirmó en un comunicado que está “preparado para gestionar cualquier afluencia de población” asociada a la ley estatal.
Departamentos de policía condales de Texas se han estado preparando para la implementación de la medida desde el periodo de sesiones legislativas del estado el año pasado, dijo Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía Condales de Texas.
La ley permite que policías de condados limítrofes con México realicen arrestos si ven a alguien cruzar ilegalmente la frontera, explicó. También se puede aplicar en cualquier otra parte del estado si alguien es detenido bajo sospecha por otro delito y la toma de huellas dactilares durante su fichaje los vincula con una supuesta infracción de reingreso al país. Posiblemente la ley no se aplique durante una parada de tráfico rutinaria, añadió.
“No creo que vayan a notar algo que sea muy distinto”, señaló Hearn.
Las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur alcanzaron cifras sin precedentes en diciembre, pero se redujeron a la mitad en enero, un cambio que se atribuye a los declives estacionales y a un mayor control. El gobierno federal aún no da a conocer las cifras correspondientes al mes de febrero.
Otros funcionarios de Texas adoptaron una postura más cautelosa.
“Varios de los jefes policiales locales no creemos que vaya a sobrevivir una impugnación constitucional. No parece que vaya a lograrlo, porque un agente de policía de Texas no está capacitado. No tenemos entrenamiento de ningún tipo para determinar si un individuo está en el país de manera legal”, comentó Eddie Guerra, jefe policial del condado de Hidalgo y presidente de la Coalición de Jefes Policiales de la Frontera Suroeste, organismo que representa a 31 condados fronterizos desde Texas hasta California.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett insinuó que su voto a favor de Texas se debía a los tecnicismos en el proceso de apelación más que a un acuerdo con el estado sobre el contenido de la ley.
“Que yo sepa, esta corte nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelaciones de dictar — o no dictar— una suspensión administrativa. Yo no entraría en ese asunto. Cuando se introduce, una suspensión administrativa se supone que es un preludio de corta duración al evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación”, escribió en una opinión concurrente a la que se unió el juez conservador Brett Kavanaugh.
La batalla en torno a la ley de inmigración de Texas es una de varias disputas judiciales entre funcionarios de Texas y el gobierno del presidente Joe Biden sobre qué tan lejos puede ir el estado para vigilar la frontera con México y evitar los cruces fronterizos ilegales.
Varios gobernadores republicanos han respaldado las labores de Abbott, asegurando que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para aplicar las leyes migratorias existentes.
La Corte Suprema anuló en 2012 partes fundamentales de una ley de Arizona que le habría permitido a la policía detener a personas por violaciones federales de inmigración, una medida a la que los detractores se referían frecuentemente como la iniciativa “muéstreme sus documentos”. En un fallo dividido, el tribunal determinó en aquel entonces que el estancamiento en Washington en torno a una reforma migratoria no justificaba una intrusión estatal.
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Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman y Rebecca Santana, en Washington; Valerie Gonzalez en McAllen, Texas; Acacia Coronado en Austin, Texas; y Chris Sherman, en Ciudad de México, contribuyeron a este despacho.
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